REFLEXIONES INICIALES PARA ESTIMULAR EL DEBATE SOBRE LA PLATAFORMA POLITICA DEL “PARTIDO PACTO HISTOTICO”

Carlos Ordonez, Miami, 09/18/2024

No está por demás aclarar, de entrada, que este registro reflexivo  versa sobre convicciones e ideas de suyo susceptibles de crítica y accesibles a explicaciones argumentativas; su objetivo es el de participar desde la base del movimiento del cambio Pacto Histórico en la construcción del discurso político del Partido Pacto Histórico con el que  se pueda concitar la voluntad unida del pueblo colombiano para consolidar y profundizar el cambio progresista iniciado en el gobierno del Presidente Gustavo Petro.

Estas reflexiones tienen sentido si se pretende crear el partido unitario con el propósito arriba anotado y no si tan solo se persigue con él  cumplir el requisito legal para dar avales.

CARACTERIZACION DEL CAMBIO PROGRESISTA

En Colombia y el mundo hoy se visibiliza, cada vez con mayor claridad en medio de un mayor intento de ocultamiento mediático, la necesidad de cambios relacionales progresistas entre los seres humanos y entre estos con el resto de la naturaleza en pro de una coexistensia solidaria, la que demanda, para despejar su camino, un cambio de mentalidades, de costumbres y de instituciones, un cambio cultural o civilizatorio.

Tal necesidad, que se viene expresando por largo tiempo en una multiplicidad de voces desde una multiplicidad de espacios, adquiere hoy una mayor intensidad al reivindicar para ya, unos, todos o más de los siguientes cambios: que a la hora de decidir se privilegie la vida concertando la paz a la muerte promoviendo la guerra; la armonía con la naturaleza a su depredación; la solidaridad al egoísmo y al odio; la dignidad a la sumisión; el respeto mutuo con el otro a la instrumentalización del otro; la justicia justa a la impunidad o la injusticia; la razón argumentativa a toda clase de fundamentalismos; la democracia al autoritarismo; el dialogo político  como expresión cultural a la indiferencia o el rechazo a dicho dialogo; la incorporación universal al usufructo de derechos y servicios públicos básicos a la exclusión de ellos a parte de la población; la protección de los bienes públicos a su usurpación; la economía productiva y su industrialización a la economía meramente extractiva; la tierra para el que la trabaja al acaparamiento por gamonales sin rendimiento productivo; regulación del mercado sin ahogarlo a liberarlo para mantener o incrementar los precios de las acciones del capital, así con ello se agudicen  los problemas sociales y ambientales; la ciencia y la técnica al servicio del bienestar social general a fortalecer poderes belicistas; en fin, que privilegie la constitución democrática de una institucionalidad jurídica vinculante, articulada a nivel estatal, regional y mundial, propiciando perspectivas eficaces de  la solución pacífica de conflictos, un progreso común y con ello integración social, al blindaje de  constituciones nacionales a las reformas que demanda el cambio, o a  organizaciones depreciadas e ineficientes como La ONU, la Comisión de Seguridad de la ONU, la OEA, el FMI o a un ordenamiento mundial dominado por un poder unipolar, bipolar o multipolar. (El multipolarismo puede ser pragmáticamente aceptable si se considera como transicional).

Estas alternativas valorativas listadas, implicando cambios, se desmarcan del plano de las preferencias al de la necesidad si le apostamos a la defensa de la existencia misma y de la dignidad de la humanidad. Al parecer cada una de ellas, para alcanzar su pleno desempeño, ha de asimila al resto.

Buena parte del cambio que promueve el Gobierno del Presidente Gustavo Petro se alimenta en  algunas de las perspectivas del cambio listadas, que por razones de la globalización de problemas y soluciones se articulan con el cambio en el mundo.

También se manifiesta en nuestro país, al igual que en otros lugares donde se plantean cambios progresistas, quienes, aferrándose a tradicionales mentalidades, costumbres, creencias e instituciones, están enfilados a impedir tales cambios a cualquier costo, en vidas, dolor, destrucción y aun poniendo en riesgo la vida toda, sin el más mínimo rubor, a fin de defender privilegios o imponer a una generalidad creencias o intereses grupales. Y hay quienes, alineados como progresistas, en aras de lograr o mantener ciertos liderazgos, se desplazan a la derecha, practicando las mismas mañas de la politiquería tradicional. 

La tensión entre el impulso del cambio y su contención se intensifica y los pueblos confundidos dan su apoyo en forma rotativa a  una u otra propuesta sin encontrar satisfacción estable con ninguna. Por eso cobra cierto sentido la tesis política del péndulo que se desplaza continuamente de derecha a izquierda y de esta nuevamente a la derecha… El progresismo en Colombia, que bien podría considerarse como una izquierda actualizada, tiende y puede estabilizar el péndulo a su lado con un discurso político que genere expectativas esperanzadoras de futuro para todos los colombianos y un presente de realizaciones concretas igualmente benefactoras de todos.

EL CAMBIO EN COLOMBIA

El contexto social en el que se inscribe el cambio  en Colombia puede resumirse al máximo así: En nuestro país reside una población multiétnica, multicultural, con una desigualdad abismal, que se desenvuelve en una economía capitalista atrasada, una deuda sofocante, un campo fértil pero improductivo en grandes extensiones, con un Estado que  no ha logrado someter grupos delincuenciales armados en detrimento de su soberanía, con una corrupción que permea toda la institucionalidad y buena parte de la población, con derechos y servicios básicos sin satisfacción generalizada.

El cambio progresista propuesto por el Pacto Histórico obtuvo el respaldo de las mayorías del poder constituyente para lograr la Presidencia de la Republica, al parecer con un millón de votos de jovencitos y  más de diez millones de votos de adultos; pero para la conformación del Congreso el apoyo popular a los candidatos del Pacto Histórico le permitió la obtención de un número considerable pero no mayoritario de escaños. Estos diferentes resultados son propios del juego democrático que se ha de respetar  por el progresismo y así ha sido. En tanto las mayorías parlamentarias no se logran a posteriori de las elecciones sino en las urnas, se espera una nueva oportunidad electoral para conquistar también esas mayorías y mientras tanto el Pacto Histórico lidia para concretar acuerdos puntuales con otras fuerzas políticas con expresión en el Congreso y con un Acuerdo Nacional o varios, de mayor alcance, para sacar adelante la política del cambio.

Al  Acuerdo Nacional se le da una cobertura que no se limita solamente a contactar las dirigencias de las fuerzas políticas con representación parlamentaria, se extiende a organizaciones empresariales, sindicales,  étnicas, comunales, etc. Es decir, el poder comunicativo del gobierno se enfoca a estimular procesos simultáneos de formación de la opinión y la voluntad que genere el poder constituyente en espacios públicos, concordante con el poder constituyente representado en el cuerpo  legislativo para sacar adelante las reformas legales y constitucionales requeridas para consolidar y profundizar el cambio propuesto. El partido Pacto Histórico ha de asumir su responsabilidad competente en estas tareas. E igualmente el Gobierno le apunta a lograr Acuerdos Nacionales con ciertos sectores de la sociedad con capacidad de ejecutarlos sin necesidad de la venia del poder legislativo.

EL CAMBIO Y LA CONSTITUCION

Creo que podemos compartir el juicio de que la cultura política de un país hoy día se cristaliza en la constitución vigente. El partido del Pacto Histórico ha de propender por enriquecer esta valiosa expresión de nuestra cultura.

Nuestra Constitución Política, a pesar de sus inconsistencias, ambigüedades, contradicciones, vacíos, supuestamente derivadas de las negociaciones entre los constituyentes que representaron las diferentes fuerzas políticas en la Asamblea Nacional Constituyente, y, especialmente,  de las reformas introducidas con el propósito de desvirtuar su sentido marcadamente democrático o de obstruir su operatividad,  es, sin lugar a dudas, una Carta Política progresista en tanto  fue fruto de la “autoorganizacion democrática de la sociedad” colombiana, con ella se refrendó la paz con el M19 y se estableció un amplio universo de derechos y un Estado social de derecho, que le abrieron al movimiento del cambio la posibilidad de, conforme a estos derechos y a las instituciones estatales correspondientes, obtener consecuencialmente otros logros de gran consideración al marcar hitos históricos, el del Acuerdo de Paz con las FARC en el 2016 y el electoral en el 2022.

La plataforma política del partido Pacto Histórico, si se autocalifica de progresista, ha de ser incluyente en tanto a beneficiarios de sus propuestas políticas, asumiendo esta caracterización no como una atractiva etiqueta sino en serio, es decir, dirigida a toda la comunidad jurídica colombiana, lo que equivale, a toda la ciudadanía,  inclusive a inmigrantes y visitantes, a la población en general, ya que se plantea la representación de intereses generales, así haya de privilegiar en forma permanente a sectores sociales como la niñez, la vejez o a los inhabilitados por su salud, y  en forma de transitoriedad a sectores marginados y sumidos en la pobreza como también  a los afectados por siniestros naturales, por la violencia o por el abandono tradicional del Estado; esto ya diferencia el Partido Pacto histórico de otros partidos movidos por la satisfacción de intereses privados así su despliegue propagandístico trate de mostrar otra cara. Este carácter de incluyente le permite a la plataforma del partido Pacto Histórico merecer el reconocimiento de democrática.

 Pero la ciudadanía colombiana ya cuenta con una Carta política, la Constitución política de Colombia, convertida a pesar de  las observaciones anotadas en un símbolo inmerso en el mundo de la vida colombiano con un sentido de  cohesión o como un auténtico medio de integración social.

La plataforma política del partido Pacto Histórico no es una carta política alternativa ni de un estatus superior o inferior de la Constitución, estas cartas difieren sustancialmente y en su forma fundacional.

 La Constitución es un programa político institucionalizado por el constituyente primario como Norma de normas del ordenamiento jurídico nacional, es una orientación política de acatamiento universal e irrenunciable mientras se encuentre vigente (por los servidores públicos y la sociedad en general), ya por respeto a ella y/o por su carácter vinculante imperativo, es, además, referente insustituible de legitimidad para el resto de la normatividad jurídica.

 La naturaleza de la plataforma política de los partidos políticos corresponde a la postura política de grupos de ciudadanos en espacios públicos e institucionales, que compiten entre sí basados en sus visiones del ordenamiento social, para determina lo que de este ordenamiento ha de mantener o reformarse, sobre el manejo de la dominación política por el poder administrativo, sobre la gestión de las ramas del poder público e instituciones estatales, sobre la soluciones a problemas sociales y ambientales, o sobre quienes han de ser respaldados por ellos a cargos públicos de elección popular.

La identidad del Partido Pacto Histórico estará determinada por la actitud, los principios, los criterios y los conceptos, congruentes con las demandas de cambio progresista listadas en el primer párrafo de este escrito,  con que se aborde la lectura de la realidad social y la captación de los problemas para determinar la praxis política encaminada a buscarles solución, en el marco de una interpretación igualmente progresista del ordenamiento jurídico y sus instituciones vigentes.

La actitud de quienes no son progresistas es esencialmente egoísta y  leen la realidad social desde una perspectiva objetivante para instrumentalizar su problemática y las personas afectadas según sus planes para lograr éxito privado, atendiendo la regulación y la orientación que tiene como fuente los flujos sistémicos del mercado; ellos consideran al Estado fundamentalmente como un ente protector de sus derechos subjetivos privados y el proceso democrático como la utilización de la esfera pública para la formación de la opinión y la voluntad de los ciudadanos e influir en ellos de cualquier forma, teniendo como justificación el sofisma de que sus éxitos redundan en beneficio de los demás, de lo que no hay evidencia alguna, sumando votos  para lograr una cuota cada vez más ambiciosa de poder factico.

La actitud de quienes actúan como progresista es esencialmente solidaria, leen y viven la realidad social  como integrantes de ella y, por ende, su problemática como propia.  Los progresistas se vuelcan a la esfera pública en un proceso democrático de la formación de la conciencia y la voluntad de los destinatarios del discurso en una actitud realizativa, es decir,  en aras de llegar a entenderse sobre la ordenación de interacciones generales y la solución de problemas en beneficio de todos. Esta actitud, en ejercicio del poder de la comunicación, se torna generadora de integración social.

Cuando hablamos de política, si la seguimos entendiendo en la dimensión de la formación de la opinión y voluntad del pueblo, al llevarla a la praxis ha menester poder dar razón de la interpretación progresista de las expresiones políticas, jurídicas y sociales que utilizamos, en tanto, por lo general, no siempre tienen ellas el mismo sentido cuando las usan en sus discursos los liberales, los conservadores, los republicanos, los liberales, los tibios, etc., lo que consolidaría la identidad partidaria.

Para ejemplarizar, la figura de “la autodeterminación o autoorganizacion democrática de la sociedad” que hemos mencionado en relación a la génesis de la Constitución del 91, fue una formulación política-teórica  republicana que acogió el socialismo y que si no antes ahora se muestra realizada en el proceso de la génesis del derecho en la complejidad de las sociedades actuales. Esta figura refrenda el carácter soberano del pueblo y señala la viabilidad y legitimidad de su ejercicio. El poder soberano se manifiesta en el poder constituyente de una normatividad con la que y como la sociedad se autorregula así misma, convirtiéndose tanto en destinataria como autora de tal normatividad.

El progresismo comparte el criterio republicano expresado en que el principio  de la política, concebida en el sentido de una práctica de autodeterminación ciudadana, no se deriva del mercado sino de un dialogo político que es al mismo tiempo sobre el derecho y la democracia, ya que estas categorías van o funcionan de la mano. 

Consecuentemente con esto, en nuestra Constitución Política se establece que “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo…”. Esta formulación requiere una interpretación con criterio progresista. La soberanía como sujeto en esta expresión no es una cosa sino una potestad, pero no una potestad prepolitica o cuasinatural que se haya meramente institucionalizado, se trata de una potestad autoadjudicada por el pueblo mismo; una potestad política de la que se puede hacer uso o no, por tal podemos considerar que, dando un giro gramatical y completando la expresión en comento sin cambiar su sentido, tenemos que  “en el pueblo reside potencialmente tal potestad soberana”.

Ahora bien, la categoría pueblo en su singularidad hace referencia a un todo que descarta la posibilidad de reducirlo a un sector de una sociedad diferenciada funcionalmente. El poder soberano residiendo potencialmente en el pueblo se activa o adquiere vigor al constituirse en poder constituyente, y  este se logra a través del proceso de formación de la conciencia y voluntad ciudadana sobre algún tema relevante para la sociedad en su conjunto o sobre algún tema que demande regulación, obteniendo el ideal de la “voluntad general”, traducida pragmáticamente en voluntad mayoritaria o dominante, la que ha de constatarse mediante las técnicas y procedimientos estatales en ejercicios electorales, constituyendo en forma directa  normas legales o constitucionales según el caso, o en ese mismo ejercicio de formación de la voluntad y la conciencia de los representantes del pueblo en los debates parlamentarios o en los debates en Asamblea constituyente, convirtiéndose la voluntad mayoritaria en estos espacios en poder constituyente de la normatividad legal o constitucional según el caso.

La Constitución establece una amplia gama de derechos, derechos subjetivos privados, derechos sociales económicos y culturales, derechos colectivos y del ambiente. El progresismo, por de pronto, no reclama la constitución de nuevos derechos, más si adquiere su propia identidad al tener una interpretación diferenciadora de estos derechos y  demanda su cobertura universal para ahora, no para un más allá indefinido.

El neoliberalismo se enfoca e ilustra su concepción política en los derechos subjetivos privados o derechos de la “libertad”, especialmente los derechos de contratación y de propiedad, libres de la injerencia externa o regulación limitante estatal. Para ellos el Estado no tiene la misión de regular sino de proteger tales derechos y entienden la sociedad como el sistema de interrelación entre las personas privadas  en términos de la economía de mercado. Pero esta concepción va cediendo en la confrontación social, pasando del absolutismo conferido a la libertad de contratación y al derecho de propiedad con su regulación al tiempo que garantizadora, restrictiva.

El progresismo le confiere tanta importancia a estos como a los demás derechos. Los derechos subjetivos privados son constitutivos de la personalidad jurídica individual, de la pertenencia de los ciudadanos a la comunidad jurídica, hacen al ciudadano sujeto de las libertades públicas y estructuran lo que se reconoce como autonomía privada. Dentro de estos derechos subjetivos se encuentran los de comunicación y participación, concebidos como derechos positivos, que son propiamente derechos políticos que le atribuyen además a los sujetos una autonomía pública, sin la cual no se daría la autonomía privada y viceversa.  La autonomía pública de la sociedad civil conduce a la independencia de ésta frente al mercado como al poder administrativo del Estado.

EL ESTADO SOCIAL DE DERECH0

La concepción formalista del derecho cede, ante el corto circuito generado entre el derecho y la realidad social, frente a una concepción contextualista social. Ni los tribunales en su labor jurisprudencial, ni la dogmática, ni la doctrina jurídica, ni los abogados o los filósofos del derecho lo interpretan haciendo caso omiso del contexto social en que se reproduce el derecho, en el que se aplica y ejecuta; cada actor tiene en el fondo su imagen del mundo en que actúa influenciando consciente o inconscientemente sus decisiones. Esta referencia, ahora inevitable, del derecho en el contexto social, acompañado de la positivización del resto de derechos fundamentales, especialmente los derechos sociales, y, por sobre todo, el papel de integración social que tiene el derecho en su gestación y desarrollo, es lo que caracteriza nuestro Estado como Estado social de derecho.

Nuestra Constitución, como todos sabemos, estructura jurídicamente el andamiaje del Estado en el sentido de Estado social de derecho. Todos los derechos no pasarían de ser mera literatura sin la puesta en marcha del poder estatal capaz de efectivizar el carácter vinculante y coercitivo propio de la normatividad jurídica. Si del derecho se demanda su legitimidad igualmente se demanda legitimidad del ejercicio de la dominación política estatal. Están en la agenda gubernamental varias reformas constitucionales que tocan ciertas instituciones estatales como la administración de justicia, los órganos de control, etc. En columnas aparte nos referiremos a cada una de ellas y a las reformas legales en curso.

 Para cerrar, no huelga remarcar los dos aspectos, pilares de estas reflexiones: primero, el papel preponderante que juega el derecho al pensar lo que ha de ser la plataforma política del Partido Pacto Histórico y, segundo,  que el sentido progresista que le otorguemos a los términos o expresiones políticas en nuestros discursos y la praxis política correspondiente es lo que le puede conferir identidad al Partido Pacto Histórico.

 Este escrito motivó juicios críticos a su contenido y presentación por el grupo de análisis político “Nueva Síntesis”, del cual hago parte, lo que nos ha abierto las compuertas a un respetuoso y fructífero debate en el que en aras de llegar a un entendimiento ganaremos todos en bien de la causa que nos aúna.