Carlos Ordonez, Bogotá, 2/9/2024

Comparto plenamente  la aseveración de que la “Honorable” Corte Suprema de Justicia acogió al pie de la letra el libreto (o jugadita) trazado por: Barbosa, la oposición y el poder mafioso en el país, posiblemente  bajo la coordinación de la Procuradora Cabello, al designar a la Vicefiscal Mancera como Fiscal encargada a pesar de los serios cuestionamientos hechos a ella por sus relaciones con las mafias de narcotraficantes y su parcialidad   en el ejercicio de su cargo; hizo la Corte tal designación al omitir la elección para el cargo de Fiscal General  de la terna presentada por el Presidente de la Republica,  cuando ninguna de las candidatas cuenta con reproche alguno a su capacidad y a  su ejercicio profesional en la rama judicial. Al parecer los magistrados se sienten más cómodos con las calidades de la fiscal Mancera que con las de una fiscal honesta y que actúe en sujeción al derecho.

Cuando el Presidente  Gustavo Petro cuestionó los desmanes de Barbosa, cambiando el carácter a la Fiscalía de ente acusador a ente defensor en los casos de su propio interés y cerrando procesos contra delincuentes con pruebas suficientes para ser acusados, el “Honorable” Presidente anterior de la Corte Suprema, Fernando Castillo Cadena,  salió presuroso el 5 de mayo de 2023, a hacer pública una carta amonestando al Presidente de la Republica, como si fuera su subalterno,  solapando el comportamiento del Fiscal General. Qué le deben los magistrados a Barbosa para no pronunciarse contra sus desmanes, fuera del nombramiento de algunos familiares de estos magistrados en la Fiscalía, según reporta el periodista investigador  Gonzalo Guillen Jiménez? Será acaso que el Fiscal Barbosa y algunos magistrados, si no todos, responden a directrices de un mismo clan mafioso?

Hasta un jerarca de la Iglesia Católica en Colombia se pronunció públicamente en respaldando a la “Honorable” Corte Suprema de Justicia  para que con libertad absoluta se tome todo el tiempo que requiera para el cumplimiento de su función constitucional en la elección de Fiscal General, apelando a que la sola majestuosidad de la investidura de los magistrados les hace probos, independiente de sus acciones y las motivaciones de éstas. No me extraña esta posición de la Iglesia católica clamando por el sometimiento a la institución de la justicia así su proceder sea claramente injusto, lo que me ha extrañado son posiciones críticas a los poderes terrenales y en favor de los oprimidos que algunas veces adoptan algunos sacerdotes o jerarcas eclesiásticos.

La probidad, el respeto y la autoridad de los magistrados no dependen tanto de su investidura como del uso que hagan de ella. En la medida que los magistrados deshonran la investidura quebrantan la confianza de la ciudadanía en sus instituciones La presión popular a través de la manifestación pública no se puede leer trivialmente como una presión indebida a la Corte sino una presión legitima para que cumplan sus funciones con sujeción al derecho y con el propósito único de atender al bien general del país.

La autonomía y la independencia de la rama judicial no pueden ser esgrimidas para amparar un poder absoluto, blindado ante cuestionamientos de los ciudadanos. El principio de la división de poderes  no puede convertirse en una entidad abstracta, eterna e inmutable, utilizada según los intereses particulares del intérprete, es una figura constitucional compleja y tematizable según lo están demandando las problemáticas sociales y jurídico-políticas cada vez más visibilizadas.    

Los sucesos en torno a la elección de Fiscal General nos ponen a pensar que el cartel de la Toga sigue vivo, que puede aumentarse la lista de los magistrados de esta Corte enjuiciados por corrupción como la de  Leonidas Busto, Luis Gustavo Malo, Francisco Ricaurte, etc. La integridad personal y el ejercicio profesional de los Magistrados se encuentra en entredicho,  no son inmunes a la corrupción y por tal no pueden convertirse en intocables santidades. El control ciudadano a las Cortes y demás instituciones del Estado no desmejora la imagen de estas instituciones sino que las fortalece.