LAS REFORMAS DEL GOBIERNO

Carlos Ordonez, Miami 9/22/2023

Tratar de realizar un cambio progresista a la altura de nuestro tiempo, reclamado desde hace tantas décadas por cada vez más voces, en un país considerado como subdesarrollado, desigual, corrupto y violento, lo que incrementa su complejidad, demanda de la dirigencia estatal un caudal enorme de madurez política innovadora, audaz y con la capacidad de corregir los planes en la marcha, en perspectivas de eficacia sin comprometer lo fundamental; Igualmente demanda madurez política de los ciudadanos, acostumbrándose al razonamiento público para defender conscientemente las propuestas políticas de cambio, teniendo la paciencia requerida por los procesos democráticos y evitando caer en el escepticismo que siembra la propaganda opositora. No contamos en Colombia con modelos de cambio a imitar, tan solo con experiencias surtidas en diversos tiempos y espacios, fallidas unas y otras no, que valen como referentes necesarios.

 La apertura del enfoque estatal hacia las periferias de las ciudades y los territorios sin descuidar los centros urbanos es un cambio  loable; el incluir el Gobierno en sus afanes a los pobres de la ciudad y del campo, a las juventudes, a las mujeres, a las negritudes, a los indígenas sin excluir a los adultos y a las clases medias es igualmente loable.

La posibilidad de una transformación social y política por el conducto reformista implica  una alternativa a la violencia como partera del cambio. La violencia solo fue bandera valida de la izquierda para la toma del poder en la medida que no había alternativa democrática.

 Desde la conquista violenta, simbolizada por la espada, y la ideología que la avalaba, simbolizada por la cruz; desde la declaración: que los indios no tenían “alma” por lo que no era pecado su sacrificio, seguida tiempos después por la declaración clerical hecha pública desde algunos pulpitos: que no era pecado matar liberales, la violencia ha sido un común denominador en la lucha por el poder político  entre los patrones de derecha conservadores y liberales y  utilizada en sus regímenes represivos contra los trabajadores en sus movilizaciones reivindicativas, contra los campesinos para despojarlos de sus tierras, contra las marchas estudiantiles, contra la izquierda política ejemplarizada en el magnicidio de la Unión Patriótica, el asesinato de dirigentes políticos, líderes sociales, etc.; ahora no  descartan utilizarla como uno de los medios para derrocar el gobierno del cambio.

 Con el Gobierno progresista queda sin piso político la oposición armada de corte izquierdista; el objetivo de quienes presumiendo ser actores políticos se mantienen en armas ha dejado de ser la toma del poder político sino que se ha volcado hacia el negocio ilícito, el sometimiento armado de las comunidades territoriales y el crimen organizado. Esto es muy claro para el Presidente Petro. A estas y  todas las demás  organizaciones delincuenciales armadas se les debe posibilitar su sometimiento a la justicia por un tiempo prudencial, quizá no mayor a la mitad del periodo presidencial. Hay que tener presente que la legitimidad del Estado requiere que éste pueda imponer en todo el territorio nacional su uso monopólico de la fuerza.

El triunfo electoral del movimiento del cambio al conquistar con su líder Gustavo Petro la presidencia de la república y su gestión en el primer año de gobierno en la transformación de los objetivos del poder político orientándolos al servicio de la ciudadanía, marcan ya un hito histórico; ha de hablarse en la posteridad de un antes y un después de Petro presidente.

En tanto existe en el Gobierno nacional la voluntad política de pasar del cambio propuesto a su realización, el derecho -en su ejecución y producción- adquiere para él un papel central al legitimar su ejecutoria en el marco de un Estado social y democrático de derecho. El derecho es el medio democrático para reformar el derecho; con las reformas propuestas por el Gobierno se pretende, como lo dice el Presidente, garantizar los derechos universales en el trabajo, en la educación, en la salud, en los servicios públicos.

El Gobierno persiste en la puja por lograr a través de Acuerdos políticos nacionales el apoyo requerido para sacar adelante las reformas pendientes sin claudicar en la esencia de los objetivos del cambio,  en tanto no se justifican reformas que nada sustancial reformen.  

La confrontación en los debates en el Congreso de la república tiene que ver con la representatividad que asumen los congresistas, determinada por intereses reales: los representantes del clamor y lucha popular por el cambio tienden a representar intereses generales en aras de la prosperidad general, así se hayan equivocado algunas individualidades al creer que el cambio era una propuesta para solapar la continuidad; los representantes de los patrones de la derecha y de líderes populares convertidos en sus mercenarios políticos, que se oponen al cambio, representan sus intereses particulares haciéndolos ver, para influir incautos, como si la satisfacción de sus intereses repercutieran de alguna manera en satisfacer intereses generales, cuando la verificación de los resultados ha demostrado lo contrario: obrando tradicionalmente con este criterio nos clasifican como uno de los países con mayor desigualdad social, a buena parte de la población no se le garantizan los derechos fundamentales y a nadie los derechos a la vida y a vivir en paz.

El sistema representativo tiene sus desventajas en la medida en que algunos intereses de los congresistas se tornen irreconciliables, pero tiene la ventaja de que sus representados reflexivos se puedan percatar si dieron su voto para elegir a quienes defienden sus intereses o no; si lo segundo, pueden exigirles un comportamiento consecuente en el Congreso o no volver a votar por ellos.   

 Se trata de un proceso de aprendizaje de la participación ciudadana en las definiciones político-jurídicas que le afectan, de un fortalecimiento de la democracia. Si una mayoría mecánica, fruto de la política tradicional, entorpece la aprobación de algunas reformas en tanto no involucran sus fincados intereses, lo que trunca las posibilidades de un genuino dialogo en dirección al entendimiento, habrá que ganar la voluntad popular mayoritaria que comprometa a sus representantes. Lo que no tiene por qué interrumpir las ejecuciones del cambio. Se puede seguir avanzando con la normatividad jurídica vigente hasta que se surtan las condiciones propicias para la aprobación de las reformas que profundicen y aceleren el cambio.

Las tareas para quienes creemos en la política del cambio democrático o progresista es la de examinar con criterio critico las reformas que el gobierno está presentando al Congreso, dar a conocer observaciones para mejorarlas y abrir espacios informales de discusión sobre las mismas en aras de entendernos en la promoción de su defensa. Tengo la invitación a iniciar con la reforma a la educación superior.